Según la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador socialista Ignacio Díez, más de la mitad de los beneficiarios de estas pensiones, destinadas a emigrantes que por trabajar en el extranjero no cotizaron la Seguridad Social, viven en Argentina.

En este país, que fue en su tiempo un gran foco de atacción de emigrantes españoles, el Estado español ha destinado este año 811 millones de pesetas, repartidos entre 5.731 beneficiarios.

Un número también importante de emigrantes pensionistas se encuentran en Venezuela, 2.291, que percibieron un total de 453 millones de pesetas. Ya muy por detrás se encuentran los siguientes países: Uruguay, con 457 beneficiarios y Brasil, con 343 pensionistas.

Otros países que también cuentan con beneficiarios son Chile, República Dominicana, Perú, Méjico, Colomba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Nicaragua.

El único país no perteneciente a Hispanoamérica en el que se concedieron pensiones asistenciales a emigrantes españoles fue Marruecos, donde 41 pensionistas recibieron un total de 6.364.000 pesetas.

El presupuesto inicial para este año que el Gobierno asignó al pago de estas pensiones fue de un poco más de 2.500 millones de pesetas y la partida prevista para este mismo concepto para el año 1994 es de 3.168 milones de pesetas.

Asimismo, el Gobierno informó que en 1993 se ha previsto una transferencia de crédito de 182,5 millones de pesetas del programa de "Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales" al programa presupuestario "Acciones en favor de los emigrantes" para hacer frente al pago de estas pensiones.

La gestión de estas pensiones en el extranjero se lleva a cabo a través de las consejerías laborales de los países de acreditación, mientras que la Dirección General de Migraciones, a ravés del Servicio de Asistencia Social a Emigrantes, realiza la tramitación de las pensiones correspondientes a personas residentes en países en los que no haya acreditada un Consejería Laboral.