Así lo afirmaron en rueda de prensa, preguntados por la compatibilidad entre la situación de la minería y la de las políticas de medio ambiente y sostenibilidad.

Ambos responsables sindicales expusieron que la Unión Europea quiere cerrar las minas, no por respeto a la naturaleza y para evitar las emisiones de gases, sino "para seguir importando carbón de otras zonas", es decir, sustituyendo la hulla española por la de otros lugares. Algo que "implica un efecto doblemente contaminante, ya que al uso del carbón se suma su transporte por barco".

Exigieron, además, la "transición justa" de estos trabajadores hacia otros sectores no contaminantes.

Para estas organizaciones, la clave es que esta movilidad laboral respete los derechos sociales y laborales de los mineros. "La quiebra es que el Gobierno no garantiza este equilibrio ni esta transición justa", señaló Méndez.

"Defendemos el empleo minero desde el tránsito a una economía más eficiente", añadió Toxo. Se trata, por lo tanto, de que "los actuales empleos migren de forma justa hacia otro modelo", dijo.

Los dos coincidieron en criticar duramente la actitud de las empresas del sector, que "recibieron subvenciones públicas con el propósito de pagar unos salarios que ahora adeudan".