Así lo afirmaron en una rueda de prensa convocada junto a las principales organizaciones ecologistas, que expresaron su apoyo a la convocatoria del próximo 29 de septiembre.

En respuesta a la prensa, ambos líderes sindicales sostuvieron, además, que "el derecho a trabajar no hay que garantizarlo sólo el 29-S, sino todo el año", incluyendo, asimismo, a los más de cuatro millones de parados, "que queriendo trabajar, no pueden hacerlo".

"El derecho al trabajo sólo se invoca el día en que convocamos la huelga. El resto del año sólo se invocan políticas" que facilitan el despido, señaló Méndez.

Además, criticaron la "coacción" con la que se pretende "desanimar a la ciudadanía" e impedir que la gente ejerza su derecho a la huelga, a través de "amenazas de sanciones, de no pago, de despido, de partes de compromisos salariales vinculados a productividad...; eso sí que es un piquete para impedir que ese día la gente ejerza su derecho", dijo Toxo.

Con todo, reconocieron que "claro que queremos parar Madrid. Y Barcelona, y Sevilla y lo que no son las grandes ciudades también. Es el objetivo de la huelga, que queremos que tenga gran eco y participación".

Eso sí, "lo vamos a hacer dentro de la legalidad establecida y de los márgenes constitucionales".

SERVICIOS MÍNIMOS

Ambos líderes sindicales expresaron, en este sentido, su intención de llegar a acuerdos en lo relativo a los servicios mínimos. "Cuando se quiere, se puede", dijeron en alusión a la reunión prevista para este martes con Fomento.

También argumentaron que la propuesta presentada ante este Departamento se basa en la jurisprudencia.

Explicaron que, en algunas comunidades como Cataluña, donde se pactaron los servicios mínimos con previsión y "en frío", se ha llegado, de hecho, a acuerdos.

"Otra cosa es es que algunos quieran convertir los servicios mínimos en un espectáculo o, lo que es peor, hacer un ejercicio antidemocrático que impida el desarrollo normal de la huelga, y utilizar esto para otros fines , señaló el responsable de CCOO.

"Algunos pretenden criminalizar el derecho a la huelga", añadió su homólogo de UGT.

Los sindicatos se mostraron convencidos de que la huelga tendrá repercusión en la política del Ejecutivo, a pesar de que el presidente del Gobierno se declare convencido de que no será así, para "desanimar" a los trabajadores y conseguir que no participen en el paro.

Además, incidieron en que esta huelga busca evitar que España se quede "en la segunda división" de la recuperación económica europea.