Según señala el Cermi, en ella “se atiende especialmente aspectos como la equidad, la igualdad de oportunidades, la orientación, la atención a la diversidad, la Convención de la ONU, la inclusión expresamente nombrada y la autonomía de los centros que les permita adecuar la norma general a su propio alumnado”.

Asimismo, destaca que aparecen rasgos positivos hasta ahora no contemplados en la normativa general, como que la educación de personas adultas atienda también a personas con necesidad específica de apoyo educativo, concepto en el que caben las que presentan necesidades educativas de apoyo.

Además, resalta que “es importante” la consideración que se hace, de forma permanente, en cuanto a la participación de las familias en las decisiones que se tomen dentro del sistema educativo, lo que abre la puerta a tomar en cuenta lo que éstas pueden aportar.

También señala la relevante tarea de incidencia desplegada por el Cermi Castilla-La Mancha en la tramitación de la norma legal, que ha permitido “considerablemente” su enriquecimiento desde la perspectiva de la educación inclusiva.

Por otra parte, el Cermi plantea que también hay que estar atento a las normas que desarrollen esta ley, “que deben producirse en razonables plazos de tiempo para que la misma sea aplicable”. En este sentido, destaca que se evalúe el modelo que sigue cada centro, cuando se realicen las evaluaciones correspondientes para promover la mejora del sistema.

Asimismo, señala que las familias tienen que reclamar el papel que les otorga la ley, en caso en que no se respete; así como que se haga efectiva la concepción que dicta que los Centros de Educación Especial sean centros de recursos.

Otro de los aspectos que el CERMI cree que deben seguirse con especial atención es que los programas de trabajo individual no segreguen dentro del centro, sino que se respete al máximo la actividad conjunta de cualquier alumno con su grupo de compañeros y que estos programas se dirijan a casos extremos o que se desarrollen como complemento a las actividades generales.

Por último, señala que la educación de las personas adultas atienda a las personas con discapacidad, “principio básico de educación permanente, a lo largo de la vida, para todos y todas”. Así, indica que se contempla en la ley y, además, se recoge la posibilidad de que, desde esta modalidad educativa, se realicen convenios con otras entidades para llevar a cabo determinados programas, alguno de los cuales se podrían dedicar a estas personas. “Esto ya se ha practicado en alguna comunidad autónoma”, afirma.

“La Ley de Educación de Castilla-La Mancha está aceptablemente enfocada desde el ángulo de la educación inclusiva y habrá que estar pendientes de su desarrollo legal y de su práctica para que se hagan efectivos de los derechos del alumnado que en ella se promueven”, concluye.