Por su parte, Gobierno, empresarios, PP y CiU utilizaron distintas razones para discrepar de la convocatoria, desde la “mala noticia para la economía española”, que argumentó el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, hasta la calificación de “huelga política” afirmada por el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pasando por el “respeto” a la convocatoria por parte de CiU.

Todas esta voces dirimieron en el plató de TVE. Gobierno, sindicatos, empresarios y partidos políticos intercambiaron argumentos no solo respecto a la huelga general, sino también respecto al contenido, beneficios o perjuicios de la reforma laboral, así como sobre el reciente anuncio del presidente del Gobierno respecto a las reformas que hay que introducir en el sistema de pensiones, asunto, éste último, donde todos han coincidido en la necesidad de que cualquier modificación se haga por consenso.

La necesidad de la convocatoria de huelga general “la ha provocado el Gobierno, la hemos convocado las organizaciones sindicales porque queremos corregir el mal camino que, en una mala situación, está marcando el Gobierno en su política de contrarreforma laboral, que no va a resolver el problema del paro, sino que incluso, ya que facilita más el despido, puede aumentar el desempleo en nuestro país”, afirmó Méndez.

Méndez defendió, asimismo, que la huelga tiene también “un cierto carácter de anticipación” ante lo que a su juicio es un “golpe” al Pacto de Toledo: “La imposición obligatoria de la edad de jubilación a nuestro sistema público de pensiones, que si algo necesita es mayor cohesión, y no recortes y retrasar la edad de jubilación a los 67 años”.

Para Toxo, la huelga “está justificada y es absolutamente necesaria” porque “estamos ante la reforma si acaso más lesiva de toda la historia de la democracia de este país, la que está llamada a recortar más los derechos de los trabajadores”.

Calificó también de “injusto e innecesario” las propuestas de reforma que se están trasladando en materia de pensiones, sobre todo después del anuncio de congelación de las prestaciones para el próximo año, y recordó al PSOE que en Francia los socialistas han votado en contra de subir la edad de jubilación a los 62 años.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, calificó la reforma laboral que ha provocado la convocatoria de la huelga como “el mayor ataque que se ha hecho contra la clase trabajadora, contra los derechos conquistados, sociales y laborales, en la historia de la Democracia”. “Es una huelga en legítima defensa de los trabajadores y trabajadoras. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha puesto de rodillas frente a los responsables de la crisis, el poder financiero, la CEOE, y en definitiva los mercados y los grandes poderes de nuestro país y de Europa. Y ha castigado a los trabajadores, a los pensionistas, que no son los responsables de la crisis”, aseveró.

HUELGA “POLÍTICA”

Por su parte, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el de Cepyme, Jesús Terciado, calificaron la huelga general de “política”. “Es una huelga contra el Gobierno y contra la decisión del Parlamento de la Nación, y por lo tanto es una huelga política”, explicó el máximo responsable de la patronal, que añadió que también era “innecesaria, inoportuna e inútil”, porque “va a perjudicar gravemente a todos los españoles, a los empresarios y a los trabajadores”.

Díaz Ferrán avanzó que pedirán al Gobierno que haga que se cumpla la ley para que se respete también el derecho de todos aquellos trabajadores que quieran trabajar y se “vigile” que los piquetes no se salgan de la ley.

También para el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, la huelga es “innecesaria e inoportuna”, y recordó que esta crisis está haciendo sufrir tanto a los trabajadores, que han perdido su empleo, como a los empresarios o a los autónomos que han tenido que cerrar sus empresas.

“MALA NOTICIA” PARA LA ECONOMÍA

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó que la huelga general es “una mala noticia para la economía española”, ya que el clima de entendimiento y de diálogo social es muy positivo para la salida de la crisis y la recuperación económica.

Granado señaló que al Gobierno le hubiera gustado que la reforma laboral fuera fruto del diálogo social entre empresarios y sindicatos, pero que a la vista de que, después de año y medio, el acuerdo era imposible, y teniendo en cuenta que el mercado de trabajo español resuelve todos los problemas despidiendo, la reforma laboral para corregir precisamente eso último era “necesaria”, algo que le discutieron los sindicatos, que defendieron que la reforma laboral facilitaba aún más el despido.

Para el PP, sin embargo, la política laboral y económica del Ejecutivo en los últimos años ha sido un error.

Alicia Sánchez Camacho, ponente de la reforma laboral en el Senado, afirmó que su formación política no cree que sea el momento de una huelga general, pero argumentó que la reforma laboral aprobada iba a facilitar más el despido y no iba a crear empleo. Yo no comparto el que se haga una huelga y el que se pierda ese día de trabajo, pero desde luego motivos y razones los hay, y es la incompetencia del Gobierno”, añadió.

Por su parte, Carles Campuzano, de CiU, aseguró que su partido respeta la decisión que han tomado los sindicatos, ya que desde la perspectiva de CCOO y UGT “esta huelga era inevitable”. “CiU respeta esta decisión, y esperamos que se cumpla la ley, que se respeten los servicios mínimos. Pero es una decisión legítima de los sindicatos”, explicó. Para Campuzano, más fundamental es “cerrar página” a este episodio “y ser capaces, con consenso, de abordar algunas de las grandes reformas que son necesarias para superar la crisis”.

REFORMA DE LAS PENSIONES

Entre esas reformas por consenso, el diputado de CiU citó la del sistema de pensiones, que fue otro de los asuntos que protagonizó el debate en el programa “59 segundos”. Cándido Méndez preguntó al Gobierno si está en condiciones de asegurar un empleo a un trabajador hasta los 67 años y recordó que, en estos momentos, en Europa, están quedándose en la cuneta cientos de miles de trabajadores, parados de larga duración, mayores de 45 años. “Aquí se ha roto un consenso fundamental y se desprecia la jubilación flexible, que ya la tenemos en marcha en este país”, añadió el secretario general de UGT.

Ignacio Fernández Toxo recordó que se llevan emprendiendo reformas “consensuadas” en esta materia desde hace 15 años y defendió que hay que conseguir “pagar más pensiones, pagarlas durante más tiempo y mejores pensiones”. “Aquí es donde hay que ponernos de acuerdo.”, algo que no se puede hacer recortando solo el gasto, sino mejorando los ingresos, argumentó.

Más duro se expresó Cayo Lara, de Izquierda Unida, que calificó de “injusta e innecesaria” la reforma que se plantea del sistema de pensiones y denunció que el objetivo de fondo que hay detrás es “potenciar los planes privados de pensiones”. “Ese es el bocado que quiere coger fundamentalmente la banca”, señaló, tras recordar que no existe en estos momentos riesgo alguno para la Seguridad Social ni para las pensiones.

Alicia Sánchez Camacho, del PP, denunció la política que había llevado a cabo el Gobierno en materia de pensiones, y en concreto el envío del documento a Bruselas que luego tuvo que rectificarse, aunque se mostró “absolutamente de acuerdo” en que debe hacerse una reflexión sobre el sistema de pensiones, pero se tiene que hacer “bien” y de forma consensuada. La representante popular se mostró contraria a penalizar a las personas que ya están trabajando alargándoles la jubilación a los 67 años de forma obligatoria.

Por su parte, tanto Díaz Ferrán (CEOE) como Terciado (Cepyme) defendieron la necesidad de emprender reformas en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad futura. “Me agrada oír que va a haber y se va a buscar ese acuerdo, y luego vamos a participar los agentes sociales”, señaló el presidente de la CEOE, que pidió que se abriera un debate en la sociedad “realista y transparente” para buscar las mejores soluciones para el sistema de pensiones.

Campuzano, por su parte, recordó que se llevan acometiendo reformas en el sistema desde hace 15 años y pidió alcanzar otro acuerdo político y social que sirviera para fortalecer el sistema de pensiones, aunque reprochó al Gobierno que haya cometido en esta materia algunos errores, como la congelación de las pensiones para el 2011.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que se va a hacer una reforma como las que se vienen haciendo desde el año 1995 y con los mismos pasos: el Gobierno ha planteado una serie de propuestas a la comisión parlamentaria, “pero el Gobierno sabe que en esta situación el acuerdo social y el acuerdo político son imprescindibles”. Por lo tanto, avanzó, tiene que haber acuerdo parlamentario en la comisión del Pacto de Toledo, y luego el acuerdo parlamentario tiene que discutirse con los sindicatos y los empresarios, con los interlocutores sociales, porque así es como desde el año 1995 hacemos en España las reformas de Seguridad Social.

“El Gobierno presenta sus propuestas. El Gobierno las mantiene, piensa que son adecuadas, porque en este país la población envejece como en otros. Pero las reformas que se hagan se harán por consenso”, concluyó Granado.