Los dos puntos de la moción fueron votados por separado. El primero, que insta al Gobierno a “llevar a cabo las actuaciones jurídicas y políticas pertinentes para anular la sentencia del juicio sumarísimo al presidente de la Generalitat de Catalunya, el señor Lluís Companys y Jover”, así como para reparar su honor, fue rechazado por 312 votos.

El segundo punto, que reclama que se modifique la Ley de Memoria Histórica para que, siguiendo el criterio de la Fiscalía General del Estado, se declaren “inexistentes y nulas de pleno derecho” las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales declarados “ilegítimos” en dicha ley, fue rechazado por 310 votos.

El diputado de ERC Joan Tardà fue el encargado de defender en el hemiciclo la moción consecuencia de interpelación urgente sobre el reconocimiento de la nulidad de la sentencia del Tribunal Militar que condenó a muerte a Lluís Companys i Jover.

Tardà señaló que “los crímenes contra la humanidad no sólo no prescriben nunca sino que no pueden quedar impunes” y dijo que, “tarde o temprano”, los jóvenes de mañana reprocharán al Gobierno que no haya sido “suficientemente” valiente con la Ley de la Memoria Histórica para hacer que las sentencias de la dictadura franquista sean nulas de pleno derecho. “Es absurdo poner terraplenes a esta demanda”, dijo.

Por su parte, Daniel Fernández, del Grupo Socialista, defendió una enmienda a la moción, rechazada por ERC, y señaló que desde el Gobierno se han realizado actos para reparar la memoria de Companys y rehabilitar su figura, como pide la iniciativa de Esquerra.

Jorge Fernández Díaz, del PP, manifestó que los “hechos dramáticos” que ocurrieron con el “controvertido” Lluís Companys no conectan “en absoluto con las preocupaciones de los ciudadanos españoles en estos momentos”, como son la obtención de un empleo, una vivienda digna o el futuro de las pensiones.

INSUFICIENTE

Jordi Xuclà, de CiU, dijo que “en ningún caso la solución de la vía administrativa de una reparación del Consejo de Ministros es suficiente”, sino que es necesario lograr un certificado de nulidad por parte del Poder Judicial, “lo que no ha sido posible con la Ley de Memoria Histórica” y el decreto de la Fiscalía General del Estado que considera nulo de pleno derecho cualquier tipo de sentencia dictada por los tribunales políticos en la Guerra Civil y en el franquismo.

Por parte del PNV subió a la tribuna el diputado Aitor Esteban, para quien “la cuestión no está cerrada” y lo que no puede hacer el Gobierno y el PSOE es “sacar pecho con respecto a los que se haya podido hacer” mediante el desarrollo de la Ley de la memoria Histórica. Tras señalar que lo que es suficiente para unos para otros no lo es, añadió que habría que buscar fórmulas para la nulidad de dichas sentencias.

ARGUMENTOS

En su texto, ERC señala que Companys es “el único presidente democrático fusilado por un régimen dictatorial” y que la sentencia que le condenó a muerte “a día de hoy sigue sin declararse nula por parte del Estado español”.

Asimismo, indica que la Ley de Memoria Histórica (la 52/2007 de 26 de diciembre) “no ha servido para anular los juicios sumarísimos dictados por los tribunales militares de la dictadura” y “se limita a declarar injustas las sentencias” señaladas. “En ningún caso declara las resoluciones judiciales nulas de pleno derecho por ilegales”, agrega.

Para ERC, “a día de hoy, pasadas más de tres décadas de libertades democráticas, todavía no se ha reparado como es debido la memoria del president Companys y, con él, la causa de miles de víctimas de todas las naciones pueblos del Estado español”.