Esta propuesta se aprobó por 19 votos a favor y 18 en contra en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja en forma de proposición no de ley y partió del Grupo Mixto.

En su defensa, Rosa Díez, de UPyD, explicó que "en la práctica", para que un ciudadano con tartamudez tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% debe sufrir un trastorno "muy grave".

Y, prosiguió, aunque ese trastorno no sea grave, sí puede ser lo suficientemente importante como para colocar al afectado en desventaja con respecto al resto de los aspirantes a un empleo público en pruebas de selección como las orales.

Por este motivo, la proposición del Grupo Mixto, modificada por la comisión, pide al Ejecutivo que modifique el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público para que recoja las particularidades y necesidades de los ciudadanos con "circunstancias especiales", además de las de las personas con discapacidad, como hace actualmente.