Esta petición al Ejecutivo partió de una proposición no de ley de CiU, enmendada posteriormente por los grupos y aprobada por unanimidad en la Comisión de Discapacidad del Congreso. En ella se apuesta por la elaboración de un plan global que extienda las buenas prácticas de contratación pública que se aplican ya en algunas administraciones al conjunto de todas ellas.

En virtud del texto salido de la Cámara Baja, deberá establecerse como requisito para la adjudicación de contratos públicos y para la concesión de subvenciones que las empresas licitantes, colaboradoras o beneficiarias acrediten previamente el cumplimiento de la reserva de empleo para trabajadores con discapacidad o el de las medidas alternativas de carácter excepcional o que se encuentran dentro de los supuestos que amparan la exención legal de dicho cumplimiento.

Asimismo, la proposición no de ley pide que se impulse en el seno de las administraciones públicas lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en materia de contratación con centros especiales de empleo.

Finalmente, el mandato que el Congreso hace al Gobierno establece que las cláusulas de estos contratos sean acordes con los principios básicos que rigen la contratación pública.