La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada en la Comisión de Discapacidad del Congreso, aboga, concretamente, por que el documento que acredita el grado de discapacidad de los ciudadanos tenga tamaño carné y sea similar al DNI electrónico.

Y es que, según explicó en la defensa de esta proposición la diputada popular Carmen Quintanilla, en la actualidad Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, las dos Castillas, País Vasco y Cataluña sí disponen de una tarjeta de discapacidad manejable, pero el resto de las autonomías siguen expidiendo el certificado en hojas de papel, lo que provoca "discriminación por regiones" a los ciudadanos con problemas físicos, psíquicos o sensoriales.