Además, reiteró que la distribución actual de empleados públicos entre las diversas administraciones refleja que más del 75% prestan sus servicios en administraciones regionales y locales, “por lo que es fundamental contar con ellas”.

Según Alonso, desde septiembre del 2007 las comunidades autónomas han requerido a los responsables de la Administración General del Estado que desarrolle, orgánica y funcionalmente, el sistema de cooperación establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público para que la representación de las administraciones en la Mesa General de Negociación sea “verdaderamente unitaria”.

Sin embargo, criticó que el Gobierno central, "por cuarta vez" proceda "con improvisación y falta de diálogo" con las comunidades convocando en el último momento la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas sin una reunión preparatoria previa ni remitir ningún tipo de documentación que permita una postura común en un tema tan importante como las cuestiones de función pública que, con carácter básico, se van a incorporar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Por ello, la consejera de Administración Autonómica denunció “la falta de transparencia, de paralización de las materias que afectan al empleo público y de ausencia y vacío de contenido de la secretaría de estado para la Función Pública”.

En este sentido, ha remitido una carta a la secretaria de Estado para la Función Pública del Ministerio de la Presidencia, Consuelo Rumí, lamentando “la falta de voluntad del Ministerio de contar con otras administraciones, lo que les lleva a incumplir lo establecido en el Estatuto del Empleado Público y a vulnerar los derechos de participación que permitan defender los intereses de la Comunidad”.

En esta carta, Alonso solicita que se permita a las comunidades “ejercer sus responsabilidades, muy importantes en estos momentos de graves dificultades económicas, en el ámbito del empleo público y reitera la voluntad de colaborar en este ámbito”.