Según informa la Asociación El Defensor del Paciente, desde octubre de 2007, el hombre y sus familiares se quejaron varias veces de su evidente empeoramiento, debido a que, llegados a Urgencias del Hospital de Barbastro, lo enviaban a casa.

El paciente presentó accidentes isquémicos transitorios a lo largo del año 2008, realizándosele el 25 de septiembre una angiorresonancia que evidenció una estenosis crítica de arteria carótida.

Según El Defensor del Paciente, los resultados de esta prueba no se comunicaron al hombre ni a su familia hasta el 19 de noviembre de 2008. Se solicitó entonces cita en consulta de cirugía vascular en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que se dio para un mes más tarde.

Sin embargo, cuatro días antes de la cita, el paciente sufrió un infarto cerebral con secuelas que le han incapacitado para llevar una vida independiente, teniendo ahora un grado de discapacidad del 51%.

Los familiares del hombre interpusieron una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Gobierno de Aragón el 5 de marzo de 2009, al entender que se podía haber evitado el infarto cerebral.

El Ejecutivo regional determinó que hubo demora excesiva tanto en la cita para resultados en el Hospital de Barbastro como en la posterior en el Miguel Servet de Zaragoza, implicando este hecho una pérdida de oportunidad en el tratamiento.

Posteriormente, los peritos de ambas partes establecieron que tal posibilidad de haber evitado el infarto cerebral estaba entre el 15 y el 20%, por lo que se resolvió una indemnización de 45.000 euros.