Así se desprende del informe "El ciudadano ante las actuaciones empresariales relacionadas con la integración de personas desfavorecidas", elaborado por la Fundación Empresa y Sociedad en colaboración con la consultora de investigación de mercados y opinión TNS.

Del estudio, realizado a partir de más de 900 entrevistas, se desprende que el problema social que más preocupa a los ciudadanos es el desempleo (73%), que sube treinta puntos respecto a 2007.

Le siguen la educación de los jóvenes (33%), la violencia doméstica (31%), la inmigración (22%), las personas mayores y el envejecimiento de la población (17%) y la discapacidad y dependencia (11%).

La población española continúa pensando que los temas sociales son responsabilidad casi exclusiva de las administraciones públicas (77%), aunque su peso desciende en nueve puntos en relación con 2006.

La actuación individual de los ciudadanos sigue ocupando un segundo lugar (24%), pero pierde fuerza y se centra fundamentalmente en los ámbitos de la educación de los jóvenes y la violencia doméstica.

DERECHOS DEL TRABAJADOR

El respeto a los derechos de los trabajadores (62%), que baja dos puntos, sigue siendo el factor que define a una empresa responsable en opinión del ciudadano, seguido a distancia por el cumplimiento de las leyes (30%), que baja un punto. La transparencia en la información de su actividad (24%) y tener un equipo directivo ético (21%) aumentan su peso.

El empleo es el área al que preferirían los encuestados que las empresas destinaran su colaboración con un 48%, que supera en importancia a la protección del medio ambiente, que cae más de 13 puntos desde 2006 (39%). La inmigración, las personas mayores o la dependencia continúan ocupando el tercer lugar y la salud y la educación el cuarto y quinto, respectivamente.

Por último, los grupos de población a los que los encuestados quieren que el sector empresarial dedique sus recursos son, por este orden, las personas con discapacidad (46%), los jóvenes y niños con dificultades (38%), los desempleados de larga duración (36%), las mujeres con dificultades (24%) y las personas mayores (22%).