Este informe advierte de que algunas empresas, "en su creencia de obtener mayores beneficios fiscales, fuerzan los límites legales de los contratos temporales".

En caso de ser detectada por la Administración, esta práctica habitual de fraude podría estar penalizada con multas que oscilan entre 625 y 6.250 euros para la empresa que, sin necesidad de contar con un trabajador por obra, eventual crecimiento de la producción, interinidad o formación, contrata a un trabajador por tiempo limitado.

Suponiendo que en el transcurso de un contrato temporal realizado de forma irregular surgiera una inspección de trabajo, las autoridades podrían dictaminar que el contrato pasara a ser indefinido.

Si esto ocurriera, el exceso de cotizaciones por contratación temporal no se devolverían a la empresa contratista, ni ésta tampoco podría optar a ninguna de las bonificaciones de aplicación a la conversión de contratos temporales en indefinidos.

En este sentido, si el empresario una vez multado opta por el despido en lugar de la contratación indefinida, se expone a que sea el propio trabajador quien le demande en el plazo de 20 días.