Este cambio de competencias para los pleitos de dependencia se recoge en el anteproyecto de ley Reguladora de la Jurisdicción Social, visto este viernes por el Gobierno en el Consejo de Ministros.

Con el cambio de juzgados, lo normal es que los ciudadanos, generalmente mayores, vean mermado sustancialmente el tiempo de espera de la resolución del conflicto de dependencia, ya que si se tramita mediante procedimiento contencioso-administrativo tarda años, mientras que si se hace a través de los juzgados de lo social podría resolverse en meses.

La intención del Ejecutivo es que la futura ley Reguladora de la Jurisdicción Social unifique en el orden social todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones públicas ligadas a situaciones de dependencia y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación, con exclusión de los casos penales.

Y es que, señala el Gobierno, "el orden social tiene menores tiempos de respuesta y procedimientos más adecuados para estas cuestiones", y el juez de lo social, por su especialización, "es el más capacitado para resolver litigios de estas características".

APOYO DEL CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) saluda que los pleitos relacionados con la atención a la dependencia se tramiten en el futuro en los juzgados de lo social, tal y como prevé el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Actualmente, recuerda el Cermi, este tipo de controversias se sustancian por la vía contencioso-administrativa, no especializada en cuestiones sociales como las referidas a la autonomía personal y atención a la dependencia "y mucho más rígida y lenta, lo que no favorece la presentación de demandas de tutela de este tipo de derechos de contenido social".

Por este motivo y en opinión del citado comité, la atribución a la jurisdicción social de toda clase de conflictos relacionados con la protección y las prestaciones sociales, incluida la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, facilitará a las personas con discapacidad y mayores, y a sus familias, la defensa de sus derechos e intereses.

En su informe sobre la evaluación de la implantación y despliegue del SAAD en sus primeros tres años de vigencia, presentado en enero de 2010, el CERMI planteó al Gobierno como medida de mejora la necesidad de proceder a este cambio de jurisdicción, propuesta que el Ejecutivo ha recogido y que se materializará con la aprobación de la iniciativa legislativa que ahora comienza su trámite.