Actualmente, recuerda el Cermi, este tipo de controversias se sustancian por la vía contencioso-administrativa, no especializada en cuestiones sociales como las referidas a la autonomía personal y atención a la dependencia "y mucho más rígida y lenta, lo que no favorece la presentación de demandas de tutela de este tipo de derechos de contenido social".

Por este motivo y en opinión del citado comité, la atribución a la jurisdicción social de toda clase de conflictos relacionados con la protección y las prestaciones sociales, incluida la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, facilitará a las personas con discapacidad y mayores, y a sus familias, la defensa de sus derechos e intereses.

En su informe sobre la evaluación de la implantación y despliegue del SAAD en sus primeros tres años de vigencia, presentado en enero de 2010, el CERMI planteó al Gobierno como medida de mejora la necesidad de proceder a este cambio de jurisdicción, propuesta que el Ejecutivo ha recogido y que se materializará con la aprobación de la iniciativa legislativa que ahora comienza su trámite.