Este cambio de competencias para los pleitos de dependencia se recoge en el anteproyecto de ley Reguladora de la Jurisdicción Social, visto este viernes por el Gobierno en el Consejo de Ministros.

Con el cambio de juzgados, lo normal es que los ciudadanos, generalmente mayores, vean mermado sustancialmente el tiempo de espera de la resolución del conflicto de dependencia, ya que si se tramita mediante procedimiento contencioso-administrativo tarda años, mientras que si se hace a través de los juzgados de lo social podría resolverse en meses.

La intención del Ejecutivo es que la futura ley Reguladora de la Jurisdicción Social unifique en el orden social todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones públicas ligadas a situaciones de dependencia y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación, con exclusión de los casos penales.

Y es que, señala el Gobierno, "el orden social tiene menores tiempos de respuesta y procedimientos más adecuados para estas cuestiones", y el juez de lo social, por su especialización, "es el más capacitado para resolver litigios de estas características".