En el citado encuentro informativo, Alonso se refirió así al acuerdo alcanzado entre los grupos mineros y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio por el cual este último se comprometió a adelantar las ayudas de todo el ejercicio 2010 con la finalidad de que las empresas no tuvieran problemas de liquidez para pagar las nóminas de sus trabajadores, y que éstas, por su parte, se comprometieron a abonarlas.

El presidente de Carbunión manifestó que el Gobierno "no puede hacer responsable a los grupos empresariales mineros de un tema que es exclusivo de su Admisnitración".

Por su parte, el Gobierno consideró ayer "injustificable" la decisión de los grupos mineros Alonso y Viloria de no pagar las nóminas a sus trabajadores, actitud que supone un incumplimiento de los compromisos asumidos por los representantes de estos grupos empresariales en la Comisión de Seguimiento de la Minería del Carbón y que se desmarca del comportamiento del resto de las empresas del sector, que sí están abonando las nóminas con normalidad a pesar de estar atravesando situaciones económicas similares.

Con respecto al hecho de que otras empresas sí estén pagando a sus trabajadores, el presidente de la patronal minera indicó que "todas las empresas no son iguales y no realizan las mismas inversiones en infaestructuras y máquinas", lo que explicaría los diferentes niveles de endeudamiento.

Alonso añadió, además, que, aunque algunas empresas mineras han podido hacer frente al pago de las nóminas del último mes, "quizás no puedan pagar el que viene".

El presidente de Carbunión explicó que el sector del carbón ha recibido 75 millones de euros en ayudas para hacer frente al pago de las nóminas de octubre noviembre y diciembre.

No obstante, agregó que en febrero el Gobierno estimó que ya no era necesaria la compra de carbón, por lo que, según dijo, se dejó de cobrar por la producción, acumulando ya siete meses sin facturación, que suponen 350 millones de euros menos para el sector.

En este sentido, apuntó que "una empresa no puede resistir más de medio año sin facturar", por lo que justificó que se hayan contraído deudas con suministradores y bancos, y hayan tenido que dejar de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social.