El Pleno aprobó la convalidación con el apoyo de grupo parlamentario socialista, del PP, del PNV y de CiU; mientras que la tramitación como proyecto de ley fue respaldada por todos los grupos por unanimidad.

En su intervención en la defensa del Real Decreto-Ley, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, destacó que la ayuda supone “un esfuerzo de solidaridad para reforzar la red de protección social de nuestro país”.

Sobre la decisión de excluir del acceso a este Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) a los parados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares, Corbacho subrayó que con ella se da cumplimiento con una resolución aprobada por el Congreso en la que se instaba al Gobierno a establecer como colectivos beneficiarios a las personas menores de 30 años y mayores de 45.

Sin embargo, varios de los grupos parlamentarios que intervinieron en el debate en el Parlamento recordaron al ministro que la resolución pedía que se protegiera especialmente a estos colectivos, no que se excluyera al resto.

Corbacho recordó que hasta el pasado mes de julio se han beneficiado del Prodi un total de 615.771 personas y que el gasto ascendió a 1.103 millones de euros. Además, apuntó que casi 190.000 parados encontraron un empleo.

Con la nueva prórroga, el Ejecutivo espera que se puedan beneficiar del programa otros 220.000 desempleados y que el coste sea de unos 420 millones de euros.

OPOSICIÓN

Precisamente, la diputada del PP Carmen Álvarez-Arenas denunció que si el Gobierno ha cambiado los posibles beneficiarios de la ayuda “no ha sido para cumplir con lo aprobado en esta Cámara”.

Además, criticó al Ejecutivo que lo que realmente busca el Ejecutivo es que “desaparezca” este programa, ya que elimina la posibilidad de una nueva prórroga, a pesar de que “no hay un solo dato que nos permita pensar que de aquí a 2011 la cosa va a mejorar”.

También afirmó que no se está cumpliendo con la parte de reinserción del programa ya que los servicios públicos de empleo tienen “una saturación que hace imposible que puedan hacer un seguimiento”.

Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano afirmó que “bienvenida sea la prórroga” de la ayuda, pero criticó que, “ni en la argumentación ni en la intervención del ministro, se da ningún tipo de razón que justifique la disminución de esa protección”, al dejar fuera a los parados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares.

“Simplemente lo que funciona es la necesidad de seguir ajustando el gasto público”, criticó Campuzano, quien justificó su voto a favor de la tramitación del real decreto como proyecto de ley para “para tratar de corregir esa cuestión”.

El diputado de PNV Emilio Olabarría defendió su voto a favor de la convalidación del real decreto asegurando que “no parece oportuno” y que considera que “están acreditadas las necesidades de urgencia”.

Así, subrayó que no comparten “la visión apocalíptica de otros parlamentarios” y apuntó que el fracaso es haber tenido que prorrogar una prestación temporal que comenzó en el año 2009 hasta el ejercicio de 2011, ya que “quiere decir que no estamos triunfando en la lucha contra la lacra del paro”.

Sobre el hecho de que se deje fuera del colectivo de beneficiarios, Olabarría destacó que el programa “se sectorializa”, algo positivo ya que considera que “el desempleo no afecta de forma homogénea a todos los trabajadores”, si no, sobre todo, a los jóvenes que buscan su primer emple y a los mayores de 45 años, “que se han convertido en un colectivo de difícil empleabilidad”.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, denunció que este jueves es “un día infausto para los derechos y las necesidades de los trabajadores en España y para la sociedad española”, tanto por la forma en la que se prorroga la ayuda, como por la aprobación de la reforma laboral.

“El ajuste que comenzó el Gobierno hace ya meses, que entonces era compasivo, hoy se convierte en un ajuste antisocial, en el ajuste sin compasión”, criticó Llamazares, quien aseguró que con este real decreto “se le aplica la muerte súbita del Prodi”.

Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de “engaño y fraude” el texto presentado por el Gobierno y denunció que trata de “ocultar” el hecho de que no podrá prorrogarse de nuevo la ayuda.

“El Gobierno estará impedido para prorrogar la ayuda, aunque haya dinero y parados”, criticó Díez, quien también se mostró en contra de dejar fuera del plan a las personas entre 30 y 45 años sin cargas familiares.

En una línea similar, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila afirmó que “nuestra posición no puede ser otra que la de votar en contra con un total y absoluto convencimiento”.

En su opinión, el real decreto elaborado por el Ejecutivo sólo deja claro que el Ejecutivo no volverá a prorrogar la ayuda y que discrimina a “una franja de ciudadanos”. “¿Qué delito han cometido”, se preguntó la parlamentaria, quien denunció que la propuesta del Ejecutivo es “una acción inconstitucional”.