El jurado popular los encontró culpables por unanimidad en el juicio celebrado el pasado mes de junio. La mayor pena recae sobre el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, único de los acusados que mantuvo su inocencia durante toda la vista. De este modo, será inhabilitado durante un año para ocupar cargos públicos y se le impone ua multa de 540.000 euros.

El otro concejal imputado, José Luis Mosquera, que en aquel entonces se hacía cargo del área de Cultura, tendrá que pagar una multa de 135.000 euros y permanecerá inhabilitado durante cinco meses para desempeñar cargos públicos. Su pena es menor al concurrir la circunstancia atenuante de colaboración con la justicia, ya que incluso informó de fincas y polígonos que no estaban siendo investigados.

La misma circunstancia atenuante concurrre en el caso del arquitecto Borja Ramilo, por lo que se le impone una multa de 67.500 euros y se le impide trabajar durante cinco meses para administraciones públicas. La cuarta imputada, Belén Fernández, pareja sentimental del concejal de Cultura, fue absuelta de toda culpa.

HISTORIA DE UNA TRAMA

La trama urbanística de Gondomar se desarrolló a finales del 2006 y principios de 2007. Fue desvelada por un empresario vigués que pretendía llevar a cabo varias urbanizaciones en el municipio pontevedrés y que se prestó, tras presentar una denuncia, a grabar en vídeo de forma secreta alguna de las reuniones llevadas a cabo con los acusados.

Las detenciones se produjeron el 14 de febrero de 2007, tras varias llamadas intervenidas por orden judicial y la grabación de una reunión en la que se le solicitaba a este empresario dinero a cambio de facilitar sus proyectos inmobiliarios. De hecho, el concejal de Cultura fue descubierto junto a su pareja en una cafetería viguesa recibiendo un paquete de 60.000 euros en concepto de primer pago.

EL EX ALCALDE, CONDENADO POR PREVARICACIÓN

Estas condenas se suman a las impuestas en 2008 al ex alcalde popular de Gondomar, Carlos Silva, y cinco de sus ediles por prevaricación, al conceder varias licencias urbanísticas sabiendo de que su plan general de ordenación municipal había sido anulado judicialmente.

En aquel entonces, el regidor del PP fue condenado a un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación, pero el pasado mes de junio la sentencia le fue reducida a seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación. Además, Carlos Silva fue juzgado en mayo pasado por otra causa, concretamente un delito de falsedad documental.