Las citadas ONG pidieron a Cava de Llano que declare incostitucional el Catálogo Canario de Especies Protegidas mediante una denuncia presentada este miércoles en el departamento que ella dirige.

Según los ecologistas, su denuncia se basa en la falta de competencia de las comunidades autónomas para dictar leyes en materia de conservación de la naturaleza si contradicen la norma estatal básica, la Ley de Biodiversidad.

Y es que, explican las ONG, el Parlamento canario ha aprobado rebajar la categoría de protección de numerosas especies, "desafiando la autoridad de las leyes del Estado".

CONTRADICCIONES

Así, argumentan, la normativa española, aplicable a todo el territorio, establece que las comunidades autónomas han de crear Catálogos de Especies Amenazadas, según su grado de amenaza y Canarias ha elaborado un Catálogo de Especies Protegidas en el que se ha rebajado la categoría de protección de más de 300 especies, "sin basarse en ningún tipo de criterio científico y sin ofrecer datos que justifiquen esta medida".

Además, prosiguen los ecologistas, la norma estatal prohíbe destruir cualquier especie protegida, independientemente del lugar en el que se encuentre. Sin embargo, la ley canaria crea una nueva categoría de protección, la llamada "De interés para los ecosistemas canarios", que permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito geográfico de un Espacio Natural Protegido (ENP).

En la denuncia, los colectivos ponen de relieve "el grave peligro que corren numerosas especies, como aves o peces, que no permanecen en un mismo lugar geográfico".

Por estas y otras razones, las ONG confían en que la Defensora del Pueblo eleve al Tribunal Constitucional esta denuncia, "dadas las numerosas y contundentes evidencias sobre la ilegalidad del nuevo Catálogo canario".