Esta posibilidad está contemplada en La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en vigor el pasado mes de julio y que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP y por el Gobierno de Navarra, perteneciente a UPN.

En este sentido, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha presentado sendas alegaciones a estos recursos, en los que defiende la norma aprobada en febrero de este año en el Congreso.

En las alegaciones al recurso del PP, la representación legal del Gobierno argumenta que la reforma del aborto aprobada es "coherente" con la normativa europea.

Además, el Ejecutivo entiende que la ley que entró en vigor en julio es "más amplia" y mejora la que existía desde los años ochenta, que regulaba también la interrupción voluntaria del embarazo.

"ALTO GRADO DE DESARROLLO"

La Abogacía del Estado entra también en la cuestión de que las chicas de 16 años puedan abortar sin el permiso de sus padres, algo que fue objeto de intenso debate en las Cortes.

A este respecto, el Gobierno rechaza, en respuesta al PP, la "preponderancia inexorable de la voluntad de los padres sobre la opinión de sus hijas que han alcanzado un alto grado de desarrollo y están próximas a la mayoría de edad". Según la Abogacía, defender esto "no sólo no resulta de la Constitución sino que resulta contraria a las normas internacionales que los propios recurrentes invocan".

Asimismo, las alegaciones del Ejecutivo responden al PP que su recurso no cita "un solo precepto de un convenio o tratado internacional, ni siquiera de la legislación ordinaria, del que se deduzca que la mejor protección del menor exige en el caso de las menores con 16 ó 17 años que su consentimiento deban prestarlo sus representantes legales".