Con la entrada en vigor de esta normativa, las entidades de ahorro de la comunidad, excepto la resultante de la fusión entre Duero y España, celebrarán entre los meses de enero y febrero el proceso electoral para renovar a sus órganos rectores.

Estas son las principales novedades del decreto ley que traspone la legislación básica estatal, aprobada el pasado mes de julio, al ámbito autonómico, según explicó el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A la incompatibilidad estatal sobre la presencia en los órganos de las cajas de políticos electos y altos cargos de la Administración central, autonómica y local, la Junta extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u garantías con la entidad a la que pretenden representar. "Es un régimen serio", definió Villanueva.

La normativa estatal reduce la presencia pública en los órganos rectores del 50 al 40 por ciento, cuyo 10 por ciento la Junta de Castilla y León regula para dar más presencia a los grupos de impositores y entidades de interés general o entidades de interés colectivo.

IMPOSITORES

Así, los impositores representarán en los órganos un 5 por ciento, al pasar del 32 actual al 37 por ciento, mientras que las entidades de interés general aumentan un 5 por ciento hasta llegar a un 10 por ciento total de presencia, cuyo del que la mitad (5%) se destina, por primera vez, a los miembros del Consejo para el Diálogo Social.

Por otro lado, Cortes regionales y corporaciones municipales pasan del 47 actual al 37 por ciento, con el 16 sobre el 15 para las primeras.

También refuerza la norma autonómica la mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones, integraciones en el sistema institucional de protección o la transformación de una caja en una fundación especial, de manera que de los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar acuerdos en esa dirección.

CAJA DUERO Y CAJA ESPAÑA

Villanueva precisó que el decreto ley introduce una disposición transitoria en la que se respeta el periodo transitorio de dos años que han acordado Caja Duero y Caja España para elegir los órganos de gobierno de la nueva caja fusionada. Así, durante ese periodo podrán mantener sus miembros sin renovar, excepto de que sean ellos los que aceleren este proceso.

Para el resto de las cajas se abre un periodo de seis meses para celebrar el proceso electoral de renovación de sus órganos de gobierno, de forma que el Gobierno regional prevé que ese proceso se desarrolle entre los meses de enero y febrero.

Una vez que el decreto ley esté en vigor, al día siguiente de su publicación en el boletín oficial, las cajas tienen tres meses para adaptar sus estatutos y reglamentos a la nueva normativa y al calendario. Una vez autorizados los estatutos por la Junta, las cajas disponen de dos meses para celebrar la renovación de sus miembros.