Desde que naciera este organismo hace 15 años, la Comunidad ha asumido ya la tutela de más de 8.000 adultos. La mayoría de las personas tuteladas por la AMTA tiene enfermedad mental y/o discapacidad intelectual (34%), demencia (33%), y psicosis o esquizofrenia (22%) derivadas de algún proceso asociado (alzheimer, alcoholismo, drogodependencia).

La mayor parte tiene edades comprendidas entre los 50 y los 59 años, si bien es importante el aumento en el número de casos de personas mayores de 80 años que se encuentran bajo tutela, debido al incremento de la esperanza de vida en la región.

Por géneros, el 56% de los tutelados son mujeres, mientras que el 445 restante son hombres.

Asimimo, el 65% de las personas tuteladas por la AMTA viven en residencias y centros específicos de la Comunidad, donde se les ofrece un tratamiento adaptado a sus necesidades. El resto reside en sus domicilios y recibe el apoyo de los profesionales de la agencia.

La Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que da cobertura a todas las necesidades de estas personas, prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social. En la mayoría de los casos, estas personas se encuentran en una situación de desarraigo o desamparo familiar.

ÁREA JURÍDICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El área jurídica asume la defensa y representación judicial de los tutelados, dando a su vez el soporte legal a todas las actuaciones que lo requieran, relacionadas tanto con la persona como con el patrimonio del incapaz.

Además, el servicio de orientación jurídica facilita información y asesoramiento a profesionales y familiares de adultos incapacitados sobre el procedimiento de protección legal de estas personas.

Asimismo, cuenta con un área económico-administrativa encargada de gestionar todas las cuestiones referidas al patrimonio de los incapaces, realizando las labores de administración, custodia, mantenimiento e inversión. Se encarga, también, de cumplir con las obligaciones tributarias de los tutelados, así como la presentación de inventarios y rendiciones de cuentas a juzgados y tribunales.

En la parte social, cabe destacar que se produce un seguimiento integral del incapacitado así como un desalabores de integración y normalización de los tutelados, facilitando recursos sociales, así como de atención personal integral del incapacitado (cuidado, rehabilitación y recuperación).