En un informe titulado "Mejor guardar silencio: el terreible efecto de las leyes sobre 'ideología genocida' y 'sectarismo' de Ruanda", AI expone que la "imprecisa redacción" de estas leyes se utiliza indebidamente para criminalizar las críticas al Gobierno y las actividades de disidencia de políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas.

"La ambigüedad de las leyes sobre ideología genocida y sectarismo hace que los ruandeses vivan con el temor de ser castigados por decir algo incorrecto. La mayoría optan por la opción más segura: guardar silencio", dijo Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Amnistía asegura que muchos ruandeses, incluso especialistas en leyes, como abogados y activistas de derechos humanos, no son capaces de definir con precisión el concepto de "ideología genocida", incluso algunos jueces señalan que ésta es "amplia y abstracta".

Esta organización recuerda que en vísperas de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que volvió a ganar Paul Kagame, dos candidatos de la oposición y el director de un periódico fueron detenidos y acusados de "ideología genocida". Además, los ciudadanos utilizan la acusación de "ideología genocida" para resolver disputas personales.

Amnistía señala que estas leyes permiten imponer sanciones penales a menores de 12 años, así como a los padres, tutores o profesores que sean declarados culpables de "inocular" a un menor "ideología genocida", con condenas para los mayores de edad de entre 10 y 25 años de cárcel.

GENOCIDIO DE 1994

Las leyes sobre "ideología genocida" y "sectarismo" fueron introducidas para limitar cualquier expresión que pudiera dar lugar a apología del odio durante el decenio posterior al genocidio de 1994, en el que murieron hasta 800.000 ruandeses, en su mayor parte tutsis, que se opusieron a los homicidios organizados.

Amnistía subraya que "la prohibición de la apología del odio es un objetivo legítimo, pero la forma que ha utilizado el Gobierno ruandés para conseguirlo viola el derecho internacional".

"El Gobierno ruandés debe emprender una importante reforma de estas leyes, expresar públicamente su compromiso con la libertad de expresión, revisar las condenas ya impuestas y proporcionar formación a la policía y a los fiscales sobre la manera de investigar las acusaciones", concluyó.