En rueda de prensa, el portavoz de CCOO calificó la reforma como "la mayor involución de los derechos de los trabajadores" en los últimos 30 años y juzgó probable que el texto salga "empeorado" de la Cámara Alta. En su opinión, con este proceso "se está desvalorizando el papel de la soberanía popular y el Parlamento".

Asimismo, consideró que el hecho de que la reforma se debata en la Comisión de Trabajo, sin la participación del conjunto de los parlamentarios, "dice poco del consenso y apoyo de la sociedad a esta reforma ineficaz, injusta y represiva" que "criminaliza" a los trabajadores en desempleo, al asumir que rechazarán las ofertas laborales que se les presenten.

Górriz se declaró convencido del éxito de la convocatoria de huelga general del próximo 29 de septiembre, cuya meta es la retirada del texto. "Todas las huelgas generales las hemos ganado los sindicatos: se ha aumentado el gasto social y han parado las agresiones. Estamos convencidos de que, en esta ocasión, más pronto que tarde, ocurrirá tres cuartas partes de lo mismo", dijo.

Ambos responsables sindicales coincidieron en que el Ejecutivo pretende "maquillar las cifras" de desempleo a la vez que "hacer economías con las prestación por desempleo" y, en ningún caso, generar trabajo y potenciar la orientación y formación laboral.

"El presidente del Gobierno se equivoca al asumir estas políticas neoliberales" motivadas, añadió Górriz, en sus "compromisos con los mercados".

En este sentido, Toni Ferrer consideró que el Gobierno "haría bien haciendo menos caso al Banco Central Europeo, al Ecofin y al Fondo Monetario", ya que esta reforma hacer prever un tercer trimestre con menos actividad económica y más desempleo.

Ambos líderes rechazaron de plano el ataque a los parados que suponen las sanciones e infracciones, más aún cuando "la capacidad de intermediación de los servicios mínimos de empleo es mínima, del 3%", dijo Ferrer.

Por el contrario, se posicionaron en línea con los planteamientos de los grupos de izquierdas (Iniciativa per Catalunya, Ezquerra Republicana e Izquierda Unida) y su rechazo a una reforma laboral "pactada con los grupos conservadores".

Además, Ferrer aludió a las recientes declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre la posibilidad de que el periodo de cálculo de las pensiones de amplíe de 15 a 20 años. Desde el punto de vista de Ferrer, el ministro "está dando un nuevo argumento para la huelga", al lanzar "el globo de que la próxima medida será un recorte en el sistema público de pensiones".