Así figura en el Boletín Oficial del estado (BOE), y en la nueva normativa del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración, donde todas estas demandas referidas a la formación profesional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) quedan recogidas.

Según este reglamento, los centros y entidades de formación pertenecientes al subsistema de formación profesional para el empleo “deben disponer de los medios necesarios para garantizar la accesibilidad universal, a fin de evitar la discriminación de las personas discapacitadas y asegurar la igualdad de oportunidades".

Entre otros requisitos, la normativa recoge la presencia obligatoria de intérpretes para las personas sordas; la adaptación de los materiales didácticos a las personas con deficiencia visual (total o parcial); la accesibilidad universal de los cursos dirigidos en exclusiva a discapacitados, y el fomento de las plataformas digitales y nuevas tecnologías.