Según informó este viernes la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, se han practicado 46 registros, en los que se han intervenido 14 ordenadores, 118 discos duros, 911 dvd y cd, seis USB, una PDA, una CPU y una tarjeta telefónica.

Las denuncias de seis ciudadanos de Valencia manifestando que habían detectado archivos con contenido de pornografía infantil al buscar otros archivos, propiciaron el inicio de las pesquisas a lo largo del año.

Los agentes efectuaron exhaustivas búsquedas de usuarios que estuvieran compartiendo archivos de pornografía infantil en la Red, centrándose especialmente en aquellos cuyo nombre hiciera referencia explícita al contenido ilegal.

Gracias a ello y a la información recibida de los ciudadanos, lograron arrestar a 32 sospechosos, ubicados en las provincias de Vizcaya (3 detenciones), Valencia (4), Alicante (1), Huesca (1), Álava (1), Barcelona (2), Madrid (9), Málaga (1), A Coruña (2), Lugo (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (2), Mallorca (1), Pontevedra (1) y León (1).

Asimismo, se registraron diversos domicilios en los que se intervino abundante material informático, ubicados en Vizcaya (3 casas), Valencia (5), Alicante (1), Huesca (1), Álava (1), Barcelona (4), Madrid (10), Málaga (2), A Coruña (4), Lugo (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (2), Navarra (1), Murcia (1), Asturias (1), Sevilla (2), Almería (1), Pontevedra (2), Mallorca (1) y León (1).

Según la policía, la comisión de estos hechos se produce como consecuencia del acceso a una red de intercambio de ficheros, buscando los relacionados con contenido de pornografía infantil a través de palabras clave de las que son conocedoras las personas cercanas a esta actividad.

Además, los detenidos prestaban especial atención al lugar de acceso, utilizado por usuarios con ciertos conocimientos, que permitía el anonimato en las comunicaciones y el uso de programas utilizados para evitar ser detectados.

La operación ha sido dirigida por investigadores de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, que han contado con el apoyo de agentes policiales de las plantillas de las provincias implicadas.