Fuentes fiscales señalaron que Garzón revisó y revocó ayer la puesta en libertad de la terrorista ordenada el pasado jueves por el juez Eloy Velasco y ordenó su ingreso en prisión preventiva.

La Policía acudió al domicilio que Aranalde tiene en la localidad guipuzcoana de Ibarra y, tras realizar varias gestiones en otros domicilios, comprobó que la terrorista se había dado a la fuga. Ante esta circunstancia, Garzón decidió esta mañana poner a Aranalde en busca y captura.

El juez Velasco decidió el pasado jueves dejar en libertad a Aranalde bajo fianza de 12.000 euros después de que las autoridades francesas, que habían entregado a la etarra tres días antes, extraviasen la euroorden cursada contra ella por un presunto delito de estragos terroristas y sólo enviasen a la Audiencia Nacional la documentación relativa a un supuesto delito de tenencia de explosivos.

Garzón, que se reincorporó ayer al trabajo tras las vacaciones, revisó la causa y atendió a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien el pasado viernes recurrió la decisión del juez Velasco y pidió el ingreso en prisión de Aranalde.

El Ministerio Público considera que el delito de tenencia de explosivos reviste por sí sólo la gravedad necesaria para ordenar al ingreso en prisión preventiva de la etarra, sin tener que atender al delito de estragos terroristas cuya documentación fue extraviada en Francia.

A esta gravedad de los delitos imputados había que añadir, según la Fiscalía, el riesgo de que Aranalde huyese o de que volviese a delinquir al haber quedado en libertad.

Aranalde está acusada del delito de estragos terroristas por su presunta participación en la colocación de varias bombas en distintas gasolineras de la Comunidad de Madrid durante la Operación Salida del puente de la Constitución de 2004.

Su supuesta intervención en esta cadena de explosiones viene sustentada por las declaraciones de sus propios compañeros de comando así como por las armas y explosivos que le fueron aprehendidas cuando fue detenida en Francia en 2005.

El error burocrático de las autoridades francesas determinó que el juez Velasco dejase en libertad a la etarra, si bien, además de la fianza de 12.000, le impuso la obligación de comparecer semanalmente en la comisaría más próxima a su domicilio, así como le retiró el pasaporte y le prohibió salir del territorio nacional.