Según indica el Cermi en una nota, las preferencias de la persona con discapacidad en situación de dependencia "deben constituir el criterio preferencial" en el momento de asignar los servicios y prestaciones disponibles en el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Así, el dictamen técnico-administrativo que determina el Programa Individual de Atención de los servicios y prestaciones de autonomía personal y dependencia "debe acomodarse lo máximo posible a la voluntad libremente expresada de la persona beneficiaria o de sus representantes legales".

El Cermi señala que el respeto a la voluntad del individuo "ha de ser absoluto" cuando el Programa Individual de Atención "puede implicar decisión sobre dónde debe residir la persona".

En opinión del Cermi, la legislación española "no respeta adecuadamente los mandatos de la Convención", ya que reside en la Administración "la decisión final sobre las prestaciones que han de asignarse a las personas en situación de dependencia". Por esta razón, cree que "debe ser revisada" para ajustarla al tratado internacional.