El "Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, evitar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" será el primer tratado mundial centrado de forma específica en el problema de este tipo de actividad pesquera y pretende impedir que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado internacional, eliminando así un importante incentivo para los pescadores que se dedican a prácticas ilegales.

Con este acuerdo, los países se comprometen a dificultar la entrada en sus puertos a los pescadores que se dedican a la pesca ilegal. Entre ellas, los barcos extranjeros que pretendan atracar estarán obligados a solicitar permiso en una serie de puertos designados y transmitir información sobre sus actividades y el pescado que llevan a bordo, con lo que las autoridades tendrán oportunidad de detectar las actividades ilícitas de forma anticipada.

Además, el tratado obliga a los países a inspecciones regulares y establece una serie de normas a utilizar durante estos exámenes de la documentación del navío, de sus aparejos de pesca, las capturas y el libro de bitácora.

Los países firmantes deben garantizar que los puertos y los inspectores cuentan con el equipo y la formación adecuados y cuando a una embarcación se le niegue el acceso, los Estados rectores de los puertos deben difundir esa información públicamente y las autoridades nacionales del país de pabellón del navío deben tomar las medidas consiguientes.

Por último, el tratado pide la creación de redes para compartir la información que permitan a los países tener los datos sobre los barcos asociados a la pesca ilegal y también prevé ayuda para que los países en desarrollo con escasos recursos puedan cumplir las obligaciones del acuerdo.

Estas medidas se aplican a los barcos de pesca extranjeros que están bajo una bandera diferente a la de los Estados rectores de los puertos, pero los países pueden aplicarlas a sus propias flotas pesqueras sí así lo deciden.

El tratado deberá ser revisado por el Comité de Asuntos Constitucionales y Legales de la FAO en su reunión del 23 al 25 de septiembre de 2009, tras lo cual pasará al Consejo de este organismo de la ONU y a la Conferencia que se celebrará el próximo mes de noviembre para su revisión final y adopción formal. El Acuerdo entrará en vigor 30 días después de que 25 países lo hayan ratificado.