Según informó este martes el Gobierno regional, las telecomunicaciones centraron la mayor parte de las quejas, con 2.570 solicitudes de arbitraje (el 80,5% del total), mientras que el resto se reparte en distintos ámbitos de actividad y sectores como enseñanza no reglada, automóviles (talleres de reparación y compraventa), transporte, aparatos electrónicos, agencias de viajes, tintorerías y muebles.

Los principales problemas en el sector de las telecomunicaciones se refirieron a facturación errónea, dificultades en las bajas y ofertas engañosas.

Según los datos del Ejecutivo de Aguirre, entre enero y junio se resolvieron 1.380 solicitudes de arbitraje con resoluciones amistosas; mientras que el resto dieron lugar a la designación de un órgano arbitral (unipersonal o colegiado en el que están representadas asociaciones de consumidores y empresarios) en el que reclamante y reclamado exponen sus posturas.

En algunos casos consumidor y empresario pueden incluso comparecer por videoconferencia para intentar resolver el conflicto mediante el arbitraje. Hasta la fecha ya se han dictado 1.331 laudos, que son de obligado cumplimiento para las partes en conflicto.

Si la empresa se niega a cumplirlo, el reclamante puede pedir su ejecución al tribunal de primera instancia. En los colegios arbitrales participan como vocales árbitros en representación de asociaciones de consumidores y de empresarios, que junto al presidente (empleado público de la Administración) adoptan sus decisiones en equidad durante la celebración de las audiencias.