Así figura en un informe de 91 páginas, titulado "¿Dónde está la justicia? Violencia interétnica en el sur de Kirguistán y sus secuelas", basado en más de 200 entrevistas a víctimas kirguisas y uzbekas, además de testigos, abogados, activistas de los derechos humanos, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, así como en imágenes tomadas por satélite, fotografías, vídeos y pruebas forenses.

Ole Solvang, investigador de HRW y uno de los autores del informe, señala que algunas fuerzas de seguridad de Kirguistán "se convirtieron en parte del problema en vez de la solución" durante los disturbios étnicos.

Los disturbios en el sur de Kirguistán empezaron el pasado 10 de junio, cuando una gran aglomeración de personas de origen uzbeko se concentró en un casino del centro de la localidad de Osh por una pequeña pelea entre uzbekos y kirguisos. Esa noche hubo ataques violentos contra kirguisos e incendios en varios edificios, lo que enfureció a los ciudadanos de Osh y los pueblos de alrededor.

A primera hora de la mañana del 11 de junio, miles de kirguisos de otras localidades irrumpieron en Osh y atacaron barrios uzbekos, cuyos residentes respondieron con violencia. Al menos 371 personas murieron en estos disturbios y varios miles de edificios, la mayoría propiedad de personas de origen uzbeko, quedaron completamente derruidos.

En el informe de HRW, varios testigos afirman que hombres vestidos con uniforme de camuflaje y que circulaban en vehículos militares blindados retiraron las barricadas improvisadas levantadas por los residentes uzbekos, lo que facilitó la entrada de los kirguisos violentos en estos barrios.

Además, otros testigos apuntan que fuerzas de seguridad kirguisas abrieron fuego en barrios uzbekos para ahuyentar a los residentes y dejar que las multitudes saquearan y prendieran fuego a las viviendas.

Por otro lado, HRW afirma que la investigación puesta en marcha por el Gobierno kirguís sobre los disturbios, que acumula ya más de 3.500 casos penales, "está siendo empañada por continuos abusos" a detenidos e insta a las autoridades del país a juzgar a los responsables.