Esta empresa recuerda que este sábado se cumplirá un mes de la entrada en vigor del decreto en el que se incluía una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, quedando limitada la subida a la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situada, en estos momentos, en el 2,02%.

En el caso del 10% restante de arrendadores, la mitad de ellos han pactado con los inquilinos subidas mayores, que van desde un 2,50% a un 7,6%, y la otra mitad de propietarios decidieron no aplicar ningún porcentaje y dejar congelada la renta de alquiler.

“En muchos casos, estos acuerdos, se habían producido con anterioridad, donde los propietarios ya habían decidido no aplicar la totalidad del IPC, sino la mitad, cuando el IPC estaba en valores del 7,6% o del 9,8%.”, explica el director General de la Agencia, José Ramón Zurdo.

“El Real Decreto Ley limita las actualizaciones de las rentas de los arrendamientos, al índice de garantía de competitividad (IGC), siempre que éste no supere el 2%, (actualmente está en el 2,02%). Pero perfectamente podría suceder, como ha ocurrido en numerosas ocasiones con este índice, que el IGC se situara por debajo del 2%, y en este caso las actualizaciones de renta habría que hacerlas, de forma obligatoria, aplicando valores por debajo del 2%”, señala José Ramón Zurdo.

“Por lo tanto, esta regulación, prosigue Zurdo, es un arma de doble filo para los pequeños arrendadores, donde pueden acabar perdiendo aún más poder adquisitivo y tener sus rentas de alquiler prácticamente congeladas. Esto es así porque, al vincularse al IGC, podría ocurrir que, en estos 3 meses que estará en vigor esta medida, o en las sucesivas y probables prorrogas que pudiera haber, porque la situación actual no se arregla en tres meses, este índice se situará, por ejemplo, en el 1,5% o 1%”.

Ante este escenario, desde la Agencia Negociadora del Alquiler aconsejan a los arrendadores, que, para evitar posibles bajadas del IGC, se alcance un acuerdo con los inquilinos por el que las revisiones de rentas no se hagan aplicando el IGC, sino un porcentaje fijo del 2%.

Finalmente, avisa de que, “al limitar las actualizaciones de la renta con el IGC, y más si cabe, si esta medida se alarga en el tiempo, traerá tres graves consecuencias”. En concreto, advierte de que los propietarios subirán las rentas del alquiler para “compensar” las limitaciones en las actualizaciones; dedicarán menos recursos al mantenimiento de la vivienda, y habrá menos viviendas en alquiler y más que se pasen a la venta.