Las ayudas, cuyo objetivo es facilitar el pago de hipotecas a personas con discapacidad, que con frecuencia no obtienen los tipos de interés más competitivos del mercado por no cumplir los requisitos fijados por el sector bancario, podrían descender en torno a 1.560 euros anuales por cada 120.000 euros de préstamo.

Según National Housing Federation, esto podría suponer que unas 65.000 personas con discapacidad estarían en riesgo de no poder hacer frente a los pagos mensuales de sus hipotecas y podrían perder sus viviendas.

De ellos, casi 60.000 utilizan dichas ayudas para el pago de viviendas en propiedad y unos 5.000 para hipotecas contratadas para la compra de pisos compartidos, siendo numerosos los que han cambiado de casa porque las que tenían anteriormente no se adecuaban a sus necesidades.

Sin embargo, el Departamento de Empleo y Pensiones británico considera que el 92% de los beneficiarios están recibiendo más ayuda de la que necesitan.

Según los expertos, las medidas supondrían un ahorro para las arcas públicas cercano a 72 millones de euros para el presupuesto de Asuntos Sociales británico.