Según el Gobierno, la reforma del visado obligatorio reducirá costes para empresas y particulares por un importe de 815 millones de euros al año, de los 932 millones de euros que actualmente genera el visado, tanto en costes directos como indirectos.

La mayor parte de los ahorros, en torno al 70% provienen de la reducción de las cargas para los profesionales que supone la eliminación de los trámites para cumplir con estas obligaciones.

Al reducir el número de trabajos profesionales que obligatoriamente deben ser visados, se contribuye al esfuerzo de reducción de barreras y cargas administrativas y de mejora de la regulación para ganar competitividad.

El Real Decreto establece los nueve trabajos profesionales concretos que serán objeto de visado obligatorio.

Estos trabajos se refieren a: Edificación (proyectos de ejecución de edificación y sus certificados finales de obra, incluso cuando se presenten para legalización de edificaciones ya realizadas. También habrá visado para los proyectos de demolición); Minería y explosivos (proyectos de apertura de explotaciones mineras y de voladuras, así como para los proyectos de fábricas y depósitos de explosivos y pirotécnica y cartuchería).