Así lo explicó en rueda de prensa el presidente de AEF, Juan Laso, quien afirmó que las fotovoltaicas han ofrecido "el ahorro calculado en 700 millones de euros anuales de la lucha contra el fraude en el Real Decreto de Trazabilidad".

A ello se suman, según explicó, otras medidas que sumadas alcanzan los 1.800 millones de euros en dos años.

Laso celebró que "por fin, tras dos años desde que hay indicios de que este se produce, se intente resolver el problema".

En este sentido, recordó la presión que ha ejercido el sector para solucionar el problema.

"Desde la organización lamentamos que se reaccione tarde, no cuando se es consciente del fraude, sino cuando se ve que este fraude contribuye a incrementar un problema que existe ya con la tarifa eléctrica", indicó.

En este sentido, subrayó que "lamentamos que se espere a las consecuencias del problema para actuar y este siempre es un muy mal principio de gestión".

Por otra parte, la Asociación Empresarial Fotovoltaica ha denunciado que, en relación al proceso negociador con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el sector se ha esforzado en aportar ideas y llegar a un consenso y, si no se ha conseguido, es porque desde el ministerio "o no quieren o no saben".

Según Laso, "o es falta de voluntad del ministro para cerrar un acuerdo, o es incompetencia para entender la realidad de nuestro sector y la magnitud de las propuestas aportadas", ya que "hemos trabajado como el que más para aportar fórmulas (muchas en el límite de las posibilidades reales de los inversores) que, respetando la seguridad jurídica y la viabilidad de las inversiones realizadas, contribuyan a reducir el déficit de tarifa".

Laso también afirmó que, aunque el proceso negociador se plantea para resolver un problema que trasciende en mucho al propio sector fotovoltaico, "no entendemos por qué las medidas tan importantes de ahorro que proponemos son rechazadas por el ministerio".

En cuanto a las consecuencias de la falta de consenso en el proceso negociador con el ministerio, Laso las calificó de "gravísimas", puesto que este sector, con 23.000 millones de euros de inversión acumulada, más de 51.000 instalaciones, más de 35.000 pequeños inversores y también grandes inversores nacionales e internacionales, lleva ya más de cuatro meses bajo la amenaza de la seguridad de sus inversiones y esto provoca una paralización absoluta del sector".

El presidente de AEF también apuntó que "de nada vale legislar a futuro si no hay seguridad sobre la estabilidad jurídica de nuestras inversiones. Además se lesiona cada vez más el prestigio y la imagen de nuestro país ante la inversión, y sobre todo ante la tan necesaria inversión extranjera, y se dificulta la proyección de nuestras empresas en el exterior, sobre todo por la incertidumbre".