En un comunicado conjunto, los sindicatos que lideran Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo señalan que el texto final es producto de las negociaciones del Gobierno "con los grupos conservadores de la Cámara, recorta los derechos de los trabajadores, hace más fácil, rápido y barato el despido y amplía el poder empresarial".

Así, después de las enmiendas pactadas por los grupos, el texto constituye "el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo, este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un Gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales".

A juicio de los sindicatos, se facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, "haciéndola más fácil, más rápida y más barata; muestra su ineficacia sobre la contratación temporal y hace más vulnerable el

empleo fijo; dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las relaciones laborales o legaliza las agencias privadas de colocación".

Por todo ello, UGT y CCOO estiman que la aprobación de la reforma laboral hace "más necesaria, si cabe, la huelga general para el próximo 29 de septiembre", cuyo principal objetivo debe ser parar la reforma y volver a la mesa de negociación para pactar una reforma del mercado de trabajo.