Según informó la Policía, los arrestados actuaban en colaboración con clonadores de tarjetas para lucrarse de sus actividades ilícitas.

En ocasiones, los comerciantes arrestados contrataban datáfonos con tecnología GPRS para pasar las tarjetas falsas, método por el que se podría haber defraudado unos 3.500.000 euros. Los puntos en los que usar las tarjetas falsas se asentaban principalmente en la provincia de Málaga.

La primera fase de la investigación se inició en julio de 2009, a raíz de informaciones obtenidas por los agentes que apuntaban a la presencia en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande de un grupo organizado de falsificadores de tarjetas. El área de influencia de esta organización se centraba en la provincia de Málaga, aunque también se extendía a Cádiz y Sevilla.

Durante el desarrollo de las investigaciones los agentes comprobaron que se trataba de especialistas en duplicar tarjetas y que además disponían de una gran capacidad para captar e integrar en el seno de la organización a responsables de comercios y empresas para que actuaran en connivencia.

Previo acuerdo económico, los arrestados realizaban operaciones fraudulentas con las tarjetas falsificadas y repartían posteriormente al 50 por ciento los beneficios obtenidos.