Esta decisión, plasmada en un plan y en un Decreto-ley de medidas urgentes, se adopta con los objetivos de contribuir a la reducción del déficit y a la recuperación económica, mejorar la eficacia del sistema y simplificar sus estructuras periféricas. De igual modo, forma parte de las iniciativas recientemente acordadas por la Administración central y las comunidades autónomas para contener el gasto y rebajar el déficit.

Se trata, ha indicado Martínez Aguayo, de un "ejercicio responsable de gobernanza" para cumplir con los objetivos marcados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, orientado a un sector público "más sólido y eficaz" con capacidad de contribuir "en el corto y medio plazo a la "recuperación económica y, en el largo, a la consolidación de un nuevo modelo de crecimiento de la economía andaluza basado en la innovación y la sosteniblidad".

Además, la consejera de Hacienda ha destacado que el domumento incide en la "estricta reordenación de las estructuras", con objeto de optimizar "las nuevas fórmulas organizativas, asentando el empleo público", un elemento, a su juicio, "importante en la consolidación fiscal". "Se opta por un modelo público de prestación de servicios, rechazando otros modelos liberalizadores, y aplicando los planteamientos que la Ley de la Aministración de la Junta de Andalucía (LAJA) nos permite".

La reorganización de las empresas públicas, que no afectará a la prestación de los servicios ni al empleo, se llevará a cabo en una primera fase mediante diversos procesos de transformación, absorción, fusión y extinción. Asimismo, irá acompañada de adaptaciones de la legislación autonómica a los cambios producidos en la normativa básica estatal (especialmente la relacionada con contratos y empleo público) para ajustar la tipología de las agencias y entidades instrumentales a las nuevas necesidades de optimización de los recursos humanos, agilización de servicios y simplificación administrativa.