Para evitar “okupas”, el Ejecutivo regional ya ha autorizado al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) la adjudicación del contrato de servicios de vigilancia y seguridad de su patrimonio por 4,2 millones de euros (4.279.667,6 euros), lo que supone un ahorro a las arcas regionales de más de 1,4 millones de euros sobre el máximo previsto para este contrato (5,7 millones de euros).

La Comunidad sostiene que "se trata de un servicio necesario para garantizar la seguridad y la integridad del patrimonio del Ivima, evitando, por ejemplo, situaciones irregulares de ocupación de inmuebles del patrimonio inmobiliario de todos los madrileños".

Este servicio, que se extenderá durante los próximos dos años, desde agosto de este año hasta el mismo mes de 2012, cubrirá además de los inmuebles construidos por el Ivima y no entregados, la seguridad en las cuatro sedes de este organismo (ubicadas en las madrileñas calles Basílica, Emilia y Teodoredo, así como una cuarta en Las Rozas).

Este contrato de servicios fue convocado por el Instituto de la Vivienda de Madrid fijando como criterio único el precio, es decir, que obtuvo el contrato la empresa que dio un menor importe por prestar el máximo servicio por, fijando el Ivima el tope en 5,7 millones.

Finalmente, se adjudicó a Ariete Seguridad S. A. por 4,2 millones de euros.

La empresa adjudicataria debe garantizar un mínimo de 68 agentes, según el calculo del Ivima para cubrir los periodos vacacionales y las posibles bajas.

Además de este servicio de vigilancia, el Ivima dispone de un servicio de Inspección de Vivienda para combatir el fraude y extremar las labores de control en su extenso parque de vivienda.

Además, este servicio se encarga de la recuperación de las viviendas del Instituto que se hallen física y jurídicamente libres.

El año pasado, este servicio del IVIMA realizó más de 16.000 visitas a sus inmuebles para verificar el uso en derecho de esas viviendas.

Los resultados de estas actuaciones en el último año originaron el inicio de unos 200 expedientes. En el último año se ejecutaron 116 desahucios de ocupantes de viviendas de las que no eran ocupantes legítimos.

El Ivima es el mayor promotor público de España, con un parque de unos 47.000 inmuebles entre viviendas en régimen de alquiler (unas 25.500), plazas de garaje (unas 18.500) y locales comerciales (unos 2.000).