España, junto con Rusia, Serbia, Chipre, Grecia y Rumanía, es uno de los países que no ha reconocido por el momento la legitimidad del nuevo Estado, frente a Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia, que sí lo han hecho.

Además, Esquerra insta a todas las instancias internacionales a actuar "decididamente a favor de la consolidación de la República de Kosovo mediante la aplicación de programas de ayuda y cooperación" para el desarrollo de su nueva administración y de los aspectos socioeconómicos.

La iniciatia aboga también por intensificar las relaciones con la República de Serbia a fin de "allanar los caminos para superar su posible aislamiento y trabajar a favor de una futura integración en la Unión Europea".

El rechazo español, encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dio pie, según ERC, "a mayores protagonismos de los dirigentes serbios refractarios a su integración a la UE y contradice la opinión del Alto Representante de la Unión Europea para la PESC, Javier Solana, que asumió la posición más general dentro de una Europa de los 27 que además exige la entrega de los genocidas perseguidos por el Derecho Internacional".

Por esta posición, el partido independentista catalán considera imprescindible que el titular de la diplomacia española comparezca en el Congreso y explique si sigue defendiendo que la Asamblea de Kosovo no está legitimada para decidir sobre su independencia.

Desde Esquerra denuncian que el Gobierno socialista se ha alineado con las tesis del ex presidente Aznar, quien en un artículo publicado en el diario italiano "Il Messagero", afirmó que reconocer la independencia de Kosovo "significa aceptar en el escenario internacional el principio de autodeterminación de los pueblos y el cambio, sin la necesidad de consenso, de las fronteras europeas".

En esa línea, Moratinos argumentó la oposición española al reconocimiento de la República de Kosovo por la unilateralidad del pronunciamiento de independencia.

Ahora que ese argumento ha quedado "desmontado" por la Corte de Justicia Internacional, el Gobierno español debe "rectificar y reconocer su independencia".

Lo mismo que le toca hacer al Parlamento español, que "la rechazó en febrero de este mismo año al votar en contra de la proposición no de ley de ERC, que la reclamaba".