La Ley abordará las necesidades concretas de las cuencas mediterráneas, del Guadalate-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y del Guadalquivir, según informó hoy el Ejecutivo regional.

La proposición de Ley de Aguas debatida por el Parlamento regional entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El texto es fruto del consenso en el proceso de concreción del Acuerdo Andaluz por el Agua, donde se fijaron las bases de la nueva política hidráulica andaluza por parte de todos los agentes sociales implicados en la gestión del agua.

La Ley de Aguas aprobada pretende un modelo de gestión que consiga un aprovechamiento sostenible del recurso, garantizando todos sus usos, primando el abastecimiento y los caudales ecológicos e impulsando aquellos que permitan una mayor creación de riqueza, empleo y cohesión territorial en Andalucía.

"Se trata de una Ley que protege un recurso escaso en consonancia con las exigencias medioambientales de la Directiva Marco de Agua europea", afirma la Junta.

ARTICULADO

En lo que respecta a su articulado, la Ley de Aguas regula una planificación hidrológica en la que priman los criterios de sostenibilidad, generación de riqueza y empleo y ordenación territorial, más allá de la mera concepción del agua como un recurso económico y dándole un sentido unitario a las distintas necesidades hídricas del territorio.

La principal novedad que la normativa llevará a cabo en este aspecto será la flexibilización del régimen concesional, con la equiparación de las actividades económicas para conseguir dar un impulso a aquellos nuevos sectores que generen un mayor valor añadido en términos de creación de riqueza y sean medioambientalmente sostenibles.

Los Bancos Públicos del Agua serán los instrumentos que podrán llevar a cabo esta flexibilización, atendiendo a nuevas demandas y dando entrada a nuevos sectores.

COMPLETAR EL MAPA DE DEPURACIÓN

Por otra parte, la nueva normativa compromete al Gobierno andaluz a iniciar medidas que consigan el buen estado ecológico de todas las masas de agua de Andalucía, como marca la directiva europea, y así lograr la preservación de todos los ecosistemas.

Para ello, se pondrá en marcha un plan de infraestructuras de depuración, con el fin de alcanzar que todas las aguas residuales que generan los núcleos urbanos andaluces se viertan a los ríos en las mejores condiciones posibles, independientemente de la capacidad de gestión que tengan los municipios.

De ahí que la Ley de Aguas impulse la promoción de las entidades supramunicipales como principales actores a la hora de gestionar el ciclo urbano del agua.

Además de la depuración, para conseguir este objetivo la política de aguas desarrollada en la Ley pone en valor la gestión de los ecosistemas fluviales y su conservación, con medidas que inciden en el Dominio Público Hidráulico, fomentando los deslindes y la recuperación de los niveles de calidad de las aguas.

La nueva legislación autonómica configura un nuevo régimen económico-financiero, que homogenizará y armonizará los cánones e impuestos existentes hasta el momento en torno al agua para que todos los andaluces, vivan donde vivan, paguen justamente por los servicios públicos del agua recibidos.

Finalmente, regula la gestión de situaciones de riesgo como los periodos de sequía e inundaciones, el régimen sancionador y disciplinario y los órganos de participación, entre otros aspectos, que se desarrollarán reglamentariamente.