Así lo explicó el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, durante su comparecencia en el pleno del Congresod e los Diputados.

El ministro declaró que “nuestro bjetivo es que todos los centros financiados con cantidades públicas tengan la misma calidad y los medios necesarios para atender a todos los estudiantes”, pero “deben tener las mismas obligaciones”, recalcó.

Por ello tendrán “que satisfacer las exigencias de escolarización y vincularse a la programación de la red de centros que hacen las administraciones educativas”, prosiguió, y apostó porque éste “sea un requisito y no un criterio de preferencia como en el decreto del año 1985”.

“La universalidad y la gratuidad de la enseñanza entre 6 y 16 años es una exigencia que cumple y debe hacer cumplir el Gobierno”, a fin de que “los centros sostenidos con fondos públicos “asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones”, subrayó Gabilondo.

Por último, el ministro reiteró que en la actualidad trabaja en la elaboración de un nuevo decreto sobre conciertos educativos, y recordó que en los casos de la educación básica, el segundo ciclo de infantil y los programas de cualificación profesional (en caso de que se concierte esta educación) “las familias no tienen que hacer ninguna aportación a los centros”.