El fiscal encargado del caso, Luis Pastor Mota, solicita además que Fabra pague una multa 2.330.000 euros y que indemnice a la Hacienda Pública con un total de 886.473 por el dinero que presuntamente obtuvo por sus gestiones y que ocultó al fisco, según consta en el escrito de acusación dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules (Castellón).

El representante del Ministerio Público pedirá además ocho años de cárcel para María Amparo Fernández Blanes, esposa de Fabra, y cuatro años de prisión para el matrimonio formado por Vicente Vilar y Montserrat Vives, los empresarios que comercializaban los productos sanitarios.

El fiscal asegura en su escrito de calificación que en el año 1999 Vilar y su mujer se pusieron en contacto con Fabra para que, “valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación en comercialización de productos fitosanitarios” elaborados por sus empresas.

Vilar era administrador único de la empresa Naranjax, mientras que su esposa era administradora única de la empresa Arcavi, dedicadas ambas a sintetizar productos fitosanitarios.

REUNIONES DE FABRA

Fabra, entre los años 1999 y 2002, mantuvo varias reuniones tanto con los responsables políticos como administrativos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, así como con determinados miembros del Congreso y del Senado.

En concreto, el 12 de julio de 1999 el presidente de la Diputación de Castellón se reunió con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el popular Jesús Posadas, y con el por entonces secretario general de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa.

En el encuentro se trató “la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios” y se informó a Fabra sobre “el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes cursadas por las empresas de Vilar y Vives”.

PAGO DE LAS GESTIONES

El 18 de octubre de ese mismo año fue aprobada la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario “Abamectina”, uno de los principales productos de las empresas de los acusados. Ante el éxito de las operaciones, Fabra requirió a Vilar para que le pagara 25 millones de pesetas, dinero que el empresario finalmente abonó al presidente de la Diputación de Castellón.

En el mes de diciembre la sociedad Artemis, titular de los productos registrados por la empresa de Vilar y distribuidora exclusiva de los mismos, fue adquirida al 50 por ciento por Vives y por la esposa de Fabra, María Amparo Fernández Blanes. Vilar fue nombrado administrador de la empresa, que no tenía ni actividad ni trabajadores.

Tras las constitución de Artemis, Fabra “continuó en su tarea de intermediación ante las autoridades políticas y administrativas a favor no ya sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa”.

El presidente provincial buscaba “una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción y comercialización”, llegando a mantener reuniones con el director del Gabinete de presidencia, Alfredo Timermans, y con la entonces ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos.

Por último, el 28 de abril de 2000 Fabra constituyó la sociedad Carmacas, de la que era administrador único. Según el fiscal Pastor Mota, el presidente de la Diputación de Castellón utilizó esta empresa “para ocultar los pagos realizados por Vilar”.

DOS MILLONES EVADIDOS

Según el fiscal, Fabra ocultó a la Hacienda Pública entre 1999 y 2004 un total de 2.087.573 euros. En el mismo periodo, su mujer eludió el pago fiscal correspondiente a 1.626.226 euros. Estas cantidades, según el representante del Ministerio Público, “no se corresponden ni con el patrimonio no con la renta por ellos declarados”.

Además de la indemnización solicitada para Fabra, el fiscal pide que Fernández Blanes pague a la Agencia Tributaria un total de 586.369 euros por el dinero evadido. También solicita para ella una multa de 1.187.000 euros.