En respuesta a una interpelación sobre las medidas que el Ministerio piensa tomar para poner freno al aumento de víctimas mortales, presentada por el PP en el Congreso, Aído señaló que esta actitud de "utilizar a las víctimas es demagógica".

"Ya sabemos que no le gustan las políticas de igualdad", declaró Aído, y han "intentado desacreditar una a una las medidas propuestas y la prioridad que este gobierno le ha concedido".

Tras indicar que cada muerte es "un fracaso", la ministra se mostró convencida de que la diputada Sandra Moneo, encargada de defender la interpelación, "comparte este dolor".

Por eso, afirmó que le resulta especialmente triste que "se utilice este tema para intentar desacreditar las políticas de igualdad, en línea con la estrategia de su partido de echar por tierra todos los logros del gobierno".

"Parece que para ustedes cuanto peor, mejor", prosiguió Aído, quien acusó al PP de "querer romper el consenso que hasta ahora ha existido en la lucha contra la violencia de género".

DESACUERDO EN LAS CIFRAS

Durante su enfrentamiento verbal, Aído y Moneo discreparon incluso en el número de víctimas mortales, pues mientras la ministra presentó las 41 que de forma oficial reconoce el Instituto de la Mujer, la diputada popular se refirió a las 44 de las que habla el Centro Reina Sofía.

Con todo, Moneo apuntó que "tan válidas son unas como otras", y lamentó que en "lo que va de año las muertes han crecido un 42% y las denuncias han disminuido".

Asimismo, manifestó que "en 2010 solo seis mujeres habían obtenido una orden de protección" y que apenas el 9% de los brazaletes de seguimiento están operativos.

En su opinión, la ley Integral contra la Violencia de Género debe modificarse, algo que también solicitó para los procesos judiciales por esta causa. "Un 20% de las víctimas no declara por no compartir sala con sus maltratadores y la denuncia se desestima", lamentó Moneo, quien pidió que la primera declaración pueda ser tenida en cuenta en el juicio.

Aído respondió que el número de mujeres protegidas y de agresores detenidos ha crecido notablemente y destacó que con la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial ya es obligatorio que "todos los jueces reciban formación previa en violencia de género".

Asimismo, explicó que el delegado del Gobierno trabaja con los medios para mejorar el tratamiento informativo de estos temas y evitar el efecto contagio y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "a fin de acercar recursos a las mujeres del ámbito rural y con discapacidad".

"No se puede descalificar todo sin más, y me gustaría que en este tema (el PP) se sumara y aportara alguna idea", concluyó la ministra.