El Cermi asegura que, a excepción de Navarra, que recientemente ha regulado esta cuestión remitiéndose a la ley estatal, ninguna comunidad autónoma ha cumplido el mandado del artículo 1 de la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Dicha ley obligaba a las comunidades a establecer “un régimen de infracciones que garantice la plena protección de las personas con discapacidad, ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley”.

Dado que la ley estatal sólo es competente para sancionar los actos de discriminación que se produzcan en más de una comunidad autónoma, el Cermi denuncia que “muchas vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad ocurridas en un único territorio autonómico quedan impunes por no existir legislación autonómica aplicable”.

Para colmar esta laguna, el Cermi elaboró un modelo de ley autonómica de infracciones y sanciones, que hizo llegar a todos los parlamentos y gobiernos autonómicos, sin que hasta el momento hayan prosperado estas legislaciones.

El comité de la discapacidad asegura recibir multitud de casos graves de discriminación que no pueden ser sancionados administrativamente por esta carencia legislativa autonómica, por lo que insta a las comunidades autónomas a regular con urgencia esta materia.