El Gobierno catalán considera que este real decreto podría vulnerar las competencias reconocidas en el Estatuto de Cataluña por "no haber reconocido el menor asomo de participación de la Generalitat en la gestión de las subvenciones".

Para intentar resolver estas objeciones competenciales, el pasado 19 de enero de 2010 se acordó iniciar negociaciones en el marco de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado aunque no se pudo resolver ningún acuerdo satisfactorio.

Asimismo, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña emitió un dictamen a petición del Gobierno en el que considera que varios preceptos de esta norma, singularmente los referidos al procedimiento para la ejecución de dicho fondo, vulneran las competencias de la Generalitat recogidas en el artículo 114.3 y 152.4, y otros artículos del Estatut.