La redacción de este proyecto de ley estaba contemplada en el Pacto Social y Político de Reformas suscrito por los poderes públicos y los agentes económicos y sociales de Extremadura.

El texto define el concepto y los elementos configuradores de la responsabilidad social de las empresas extremeñas y establece los instrumentos de evaluación de la responsabilidad social empresarial, así como la verificación por entidades especializadas externas.

De esta forma se pretende allanar la calificación de empresa responsable por la Junta de Extremadura y su posterior inclusión en un registro creado al efecto.

Asimismo, se creará el Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social en Extremadura como foro de encuentro de los agentes económicos y sociales, de la Administración Pública y de otras organizaciones e instituciones, y como órgano asesor del Gobierno regional.

También se regulan en el texto los beneficios de las empresas extremeñas calificadas como responsables y los premios a las mejores de ellas.

Por último, se regula además la responsabilidad social en el sector público regional, al considerar la Administración Pública de la Junta de Extremadura y sus organismos públicos como entidades empleadoras, consumidoras, inversoras y contratantes.