Estas han sido las dos principales ideas que han presidido las declaraciones de los acusados en el juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra 20 dirigentes de Udalbiltza a los que se acusa de pertenencia a organización terrorista y malversación de caudales públicos.

La más contundente en sus declaraciones ante el tribunal fue María Victoria Ugarteburu, antigua alcaldesa de Amoroto (Vizcaya) y antigua portavoz de Udalbiltza, quien negó tajantemente que pretendiera ser un “gobierno paralelo, con ministerios y esas cosas” para “subvertir el orden constitucional” y señaló que esas ideas las conocieron en el auto de procesamiento, un escrito que provocó “algunas risas”.

La acusada aseguró asimismo que en Udalbiltza no había un condicionante ideológico y afirmó que para participar en la asamblea de electos no se exigía ser de la izquierda abertzale. Puso como ejemplo que en las comunicaciones a la sociedad eran “constantes los llamamientos a la pluralidad” y que el boletín de la organización se enviaba a todos los municipios de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés, ya fuesen gobernados por Euskal Herritarrok o por PP, PSOE, UPN o el partido francés UMP.

La ex alcaldesa también señaló que ella no formaba parte de ningún partido ya que fue elegida en Amoroto, una localidad de cerca de 200 habitantes, por el sistema de listas abiertas. “Yo no soy de la izquierda abertzale, puedo tener mis ideas, puedo decir que soy independentista, pero nunca he estado organizada en ningún grupo”, dijo para negar que la asamblea de electos fuese un instrumento de Euskal Herritarrok o de Batasuna.

PROYECTO “PLURAL”

Por su parte, el antiguo alcalde de Oiartzun (Guipúzcoa) Xabier Iragorri también defendió la idea de que Udalbiltza era un proyecto plural y que no estaba monopolizado por la izquierda abertzale. Señaló en este sentido que en la creación en el año 2002 de Udalbiltza Partzuergoa Konsorzio, el instrumento que utilizaba la organización para poder operar y del que él era presidente, participaron ayuntamientos donde no gobernaba ni Batasuna ni Euskal Herritarrok.

En cambio, la Fiscalía sostiene que, a pesar de que Udalbiltza se constituyó en 1999 por alcaldes y ediles nacionalistas (incluidos PNV y EA) del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, sin embargo, la ruptura ese año de la tregua de ETA provocó las primeras desavenencias entre sus miembros, ante la negativa de los representantes abertzales a condenar la violencia.

De esta forma, el 24 de febrero de 2001 se celebró la primera Asamblea General de Udalbiltza en el Palacio Kursaal de San Sebastián, creándose la escisión Udalbiltza-Kursaal, con la asistencia de 713 cargos electos de 265 municipios, todos exclusivamente vinculados a la izquierda abertzale.

El fiscal encargado del caso, Juan Moral, asegura además que Udalbiltza era "una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA" que pretendía "ser un contrapoder al establecido legítima y constitucionalmente en España".

Iragorri, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel para él por delitos de pertenencia a organización terrorista y malversación de caudales públicos, acabó su declaración asegurando que con la creación de Udalbiltza sólo se pretendía “hacer el máximo bien social”.

ACUSACIÓN “PRETENCIOSA

Esperanza Iriarte, responsable del área de Educación de Udalbiltza, calificó de ridícula y de “un poco pretenciosa” la afirmación de la Fiscalía de que Udalbiltza pretendía ser un “gobierno paralelo” y sus dirigentes una especie de ministros. “No formaba parte de ningún gobierno, es un poco pretencioso pensar que tenía la categoría de ministra, soy una trabajadora de base”, señaló.

En el mismo sentido se expresó Miren Jasone Astibia, ex concejal de Zubieta (Navarra) por Euskal Herritarrok y miembro del área de Cultura de Udalbiltza, quien negó que Udalbiltza se creara bajo las directrices de ETA y aseguró que nadie dentro de la organización “quería crear un gobierno paralelo ni formar ministerios”.

En la sesión de hoy también declararon, en el mismo sentido que sus compañeros de banquillo, Urko Irastorza, ex concejal de Lazkao (Guipúzcoa); Juan Carlos Alducín, antiguo alcalde de Pasaia (Guipúzcoa); Miren Odriozola, ex concejal Azpeitia (Guipúzcoa); e Ibon Arbulu.

Ninguno de los procesados contestó a las preguntas de la Fiscalía o de la acusación ejercida por la asociación Dignidad y Justicia y sólo atendieron a las cuestiones que les plantearon sus propios abogados. Sólo una de los 20 acusados, Larraitz Sanzberro, todavía no ha declarado en la vista oral y su comparecencia está prevista para el próximo jueves, días en que se retomará el juicio.