El acuerdo fija el objetivo de que el material no aprovechable de los nuevos vehículos no supere el 15% de su peso en el horizonte del año 2002, e incluso situar ese tope en el 5% en el 2015, tal y como se recoge en los proyectos de reglamento europeo, ahora en discusión, al que este compromiso de la industria española se ha anticipado.

El secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó, señaló en rueda de prensa que esta medida tendrá un efecto positivo sobre el negocio automvilístico, ya que agilizará la decisión de sustituir coches obsoletos por nuevos, al tiempo que aumentará la seguridad vial y el respeto medioambiental.

Por su parte, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, indicó que este compromiso contará con el apoyo económico de las administraciones, a través de sus programas de apoyo al tratamiento de residuos peligrosos y a la innovación tecnológica y modernización de las empresas.

Asimismo, Narbona señaló que este marco económico de aoyo se reforzará próximamente con la aprobación de un Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, cuyo borrador está ultimado.

En la actualidad, según los datos del sector, el 75% del peso de un coche es reciclable, pero el 25% restante es capaz de ocasionar serios daños al medio ambiente. De hecho, de los más de 3 millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos que se generán en españa al año, el 11% procede del sector de automoción.

Además de reducir este porcentaje, el compromiso de la idustria automovilística y de reciclado, así como de las firmas aseguradoras, incluye un sistema ordenado de retirada y tratamiento de los vehículos fuera de la circulación, a través de las plantas de almacenado de chatarra y el compromiso de estos empresarios de acondicionar sus instalaciones a las normas de procesado que requiere la protección medioambiental.

Los industriales del desguace de vehículos calculan que, actualmente, hay unas 3.000 plantas de este tipo en España, de las que sólo unas 800 oeran regularmente y el resto incumple alguno de los requerimientos que se les exige por las distintas administraciones.

No obstante, Juan Ignacio Moltó indicó que este acuerdo no tiene como finalidad perseguir a los infractores, sino ayudar a la regularizar su situación sin perjuicio del empleo que generan.